Ya no hay corrupción, dice una y otra vez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A veces, agrega un matiz: “Ya no hay corrupción tolerada desde arriba”.
Al repetir esa afirmación cada vez que le preguntan sobre algún posible acto de corrupción en su gobierno, confirma lo que parece una constante en él: lo importante es el discurso, no los hechos; la repetición propagandística, no las evidencias; la retórica, no la realidad.
Quizá por eso dedica buena parte de sus apariciones cotidianas ante las cámaras a descalificar, insultar y calumniar a quienes indagan entre los documentos y exhiben la mascarada: se acabó la corrupción de los que ya no están, pero la corrupción de los que lo rodean se echa bajo la alfombra de una cortina de palabras.
Desde el periodismo, con pruebas, a lo largo de los dos años de administración obradorista, hemos documentado irregularidades de colaboradores cercanos y familiares del presidente.
A Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, le documentamos en 2019 que incumplió la ley al ocultar 23 residencias y 13 empresas. Publicamos las escrituras, las actas constitutivas, las imágenes de la relación con él. El presidente lo defendió rabiosamente. Acusó que todo era un complot, un ataque político, una conspiración de intereses oscuros. No hizo ningún intento de desmentir los datos investigados porque no tenía forma de hacerlo. Instruyó a su colaboradora Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, que investigara el caso. Pero al hacerlo, públicamente le dictó la conclusión: su amigo y funcionario era inocente. La indagatoria oficial cumplió con el libreto y fue exonerado.
Menos de un año después, los Bartlett la hicieron de nuevo: el hijo del funcionario fue descubierto por la organización Mexicanos Contra la Corrupción vendiendo ventiladores, en medio de la pandemia, a sobreprecio. Le cancelaron ese contrato. Después, en Post Opinión revelé que, en un claro ejemplo del nepotismo que AMLO dice combatir, Manuel Bartlett junior tenía otros contratos por 162 millones de pesos con varias dependencias federales. De esos contratos, ninguno se canceló.
A Irma Eréndira Sandoval, nombrada zarina anticorrupción, le documentamos este año seis propiedades junto con su esposo, John Ackerman, un académico y presentador de la televisión pública convertido en propagandista del obradorismo. Una de sus residencias le fue regalada en 2007 por el gobierno de Ciudad de México (obradorista también) sin una justificación jurídica. Los ingresos de la pareja de académicos en los años que fueron adquiriendo las casas, antes de la llegada de Sandoval al gobierno, no alcanzaba para esas adquisiciones.
Liga fuente:https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/12/13/corrupcion-amlo-bartlett-pio-felipa-sandoval-robledo/
