Por: Diego Minakata Carral
En las últimas semanas han comenzado a surgir grupos sociales como respuestas a las decisiones del Presidente de la República. Grupos de oposición de un sector de la sociedad que están inconformes con los cambios. Los primeros en reaccionar fueron los manifestantes de Frena al irrumpir en la plaza de la Constitución, mientras exigían la renuncia del presidente. Después fue el frente de Sí por México, un grupo de empresarios y ciudadanos que llegaron con una serie de peticiones para la clase política. Sin duda el grupo más fuerte, y que probablemente desate una de las crisis internas más profundas que se le presente al gobierno federal, fue el grupo de los 10 gobernadores que conforman la alianza federalista, al exigirle al presidente una redistribución más justa de los recursos federales.
La Alianza Federalista, conformada en septiembre del año pasado, está integrada por 10 gobernadores de los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. En su creación el principal objetivo fue generar una agenda de trabajo común, y decidieron salir de la CONAGO, argumentando que dicho organismo no los representaba, ni cumplía la función que se le había encomendado.
Al exigir mayores recursos para los estados, el Presidente de la República prefirió ignorarlos y fue entonces cuando tomaron cartas en el asunto. El pasado 26 de octubre, los 10 integrantes de la alianza, realizaron un evento simultaneo para exigirle al gobierno federal una reforma en el pacto fiscal, en el que se contemplara la nueva realidad de los estados y del México en el siglo XXI. El Presidente de la República hizo caso omiso, aconsejándole a los mandatarios solucionar el conflicto por medio de una encuesta popular. Estos le tomaron la palabra y comenzaron a hacer encuestas por medio de las redes sociales. El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entró a la discusión por medio de twitter, argumentando que las últimas reformas del pacto fiscal se llevaron a cabo en el sexenio de Felipe Calderón y por tanto aprobadas por los que hoy integran la oposición.
No faltaron aquellos comentócratas que salieron a matizar entre pacto fiscal y federal. Otros decidieron minimizar el asunto explicando que el Presidente de la República tiene todas las de ganar, simplemente por ser el jefe del ejecutivo.
En primer lugar es importante señalar que, a pesar de lo que diga el Secretario de Hacienda, no es verdad que en México tengamos un pacto fiscal. Existe un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que surge como consecuencia de la aprobación a la ley de coordinación fiscal promulgada en el año de 1978. La adhesión de los gobierno estatales se logró mediante un convenio. Es relevante recordar que en aquellos años era prácticamente un solo partido el que gobernaba todas las entidades, incluyendo la capital.
Este modelo econométrico no incluyó, en su momento, algún tipo de estímulos para los estados que lograran mejorar su sistema económico. En las últimas décadas México decidió abrirse al mundo y modernizarse. Este conjunto de decisiones, que comenzaron con el GATT y después el TLCAN, tuvieron como consecuencia un cambio radical en las entidades del centro y norte del país. Estados como Jalisco, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas o Sonora, crecen entre 2% y 3%. Otros como Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato y Nuevo León tienen un PIB de más del 3%, mientras que lugares como Chiapas, se han quedado estancados los últimos 10 años en el porcentaje de pobreza.
Mucha gente ha mínimizado la reacción de los gobernadores, pero la realidad es más compleja que eso. El descontento de los 10 mandatarios es un rechazo a las políticas de Andrés Manuel, que implicarían regresar al México de hace 50 años, donde sus entidades no representaban ni la mitad del PIB nacional. Esta nueva crisis regionalista puede convertirse en el conflicto más importante del gobierno de López Obrador y, quizá, el principio de una discusión necesaria para reformar el pacto de coordinación fiscal. Este pronunciamiento, por parte de los gobernadores, despertará un debate autonomista. Podría ser positivo para el país si desembocase en una reforma profunda a la ley fiscal. Pero con un gobierno actual que divide y polariza, es complicado que se llegue a una solución sin que esto se politice.
