En la primer semana de octubre el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinaron que, después de que la Secretaría de la Defensa Nacional incluyó a Santa Lucía en su lista de instalaciones estratégicas, es necesario eliminar la suspensión definitiva que se había otorgado previamente contra las obras del aeropuerto. #NoMásDerroches manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, señalando que la suspensión que habían obtenido no obstaculiza la operación de la Base Aérea, sino que únicamente frena la construcción del nuevo aeropuerto.
El 9 de octubre se dio a conocer que después de tres ajustes presupuestales y un cambio de diseño, el costo esperado del aeropuerto en Santa Lucía ya ha aumentado más de un 35%, pasado de $70 mil millones de pesos a $95 mil millones. También ese día el Consejo de la Judicatura Federal anunció que suspendió a Jorge Camero, Magistrado del Primer Circuito. Horas antes, Camero había votado en contra de retirar las suspensiones definitivas que mantienen en pausa la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
El jueves 10 de octubre se dio a conocer que el Comité de Transparencia de la SEDENA clasificó como información reservada, durante un plazo de 5 años, la información respecto al diseño, construcción, operación y finanzas del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, incluyendo el plan maestro, el proyecto ejecutivo, los estudios de seguridad y aeronavegabilidad.
El miércoles 16, ya sin el magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, que fue “suspendido” la semana pasada, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó levantar la última suspensión que pesaba sobre las obras. El jueves 17 el gobierno federal realizó una nueva ceremonia de inicio de obras en Santa Lucía y dio a conocer una nueva proyección del aeropuerto, cuya terminal ahora se asemeja a una gigantesca bodega de abarrotes, con un diseño en “x” que busca imitar al diseño de Norman Foster para el aeropuerto en Texcoco.
No Más Derroches señala que las obras no pueden iniciar, ya que el gobierno todavía no realiza una serie de estudios que son indispensables para arrancar una construcción de este tipo, incluyendo el análisis costo-beneficio, el Proyecto Ejecutivo, el Plan Maestro, los estudios de aeronavegabilidad y orografía, los estudios de prospección arqueológica ni de impacto social, por lo que de iniciarse la construcción se estará incurriendo en irregularidades que, además de implicar un derroche injustificado de recursos públicos, podrían poner en riesgo la vida e integridad tanto de los pasajeros como de las comunidades aledañas.
El 22 de octubre se dio a conocer que el juzgado decimotercero de distrito del segundo circuito del Estado de México concedió la suspensión definitiva a los propietarios de un grupo de terrenos localizados en lo que sería la “zona de amortiguamiento acústico” del nuevo aeropuerto. Hace unos meses, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano declaró como terrenos nacionales a más de 700 hectáreas que aparentemente son propiedad privada.
