Autor: Benito Solís
La economía mexicana tuvo una fortísima contracción de 21.6 por ciento en el pasado mayo, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según dio a conocer el Inegi en días pasados. El próximo jueves se publicará el dato del PIB para el segundo trimestre de 2020, pero lo más probable es que la caída sea superior al 20 por ciento, que con la disminución del primer trimestre de -2.2 se tenga una contracción cercana a -12 por ciento para todo el semestre. En caso de que no se pueda lograr cierta reactivación productiva en la segunda mitad del año, es posible que la economía mexicana registre en 2020 la peor caída en el siglo.
Esto es especialmente doloroso para la población que labora en la informalidad, ya que no recibe el beneficio de un sueldo estable ni tiene prestaciones sociales que le permitan sostener un ingreso mínimo para su familia. Para poder entender la magnitud del problema es muy útil la información del Censo Económico 2019, dada a conocer por el Inegi en fecha reciente. Por medio de la misma se sabe que en el país existen seis millones 373 mil 169 establecimientos, lo que significa que aumentó su número en 3.7 por ciento con respecto a los que existían cinco años antes. En estos establecimientos trabajaban 36 millones de personas. De ese total 95 por ciento eran los denominados micro establecimientos, es decir aquellos que tienen 10 o menos personas laborando; el 4.9 son Pymes que se refieren a las empresas que tienen de 11 a 250 trabajadores y sólo 0.2 por ciento son grandes establecimientos.
Resulta relevante que 37 por ciento del personal ocupado trabaja en los micronegocios, el 31 en Pymes y el restante 32 por ciento en las grandes empresas, es decir con más de 250 trabajadores. Sin embargo, los pequeñas establecimientos sólo producen 14.6 por ciento del valor agregado de toda la economía, mientras que las grandes son responsables de 55 por ciento del valor agregado.
Si el criterio es el de la formalidad resulta preocupante que 37.4 por ciento de los establecimientos son formales y 63 son informales. Sin embargo, 81.1 por ciento del personal ocupado trabaja en negocios formales mientras que 18.9 lo hace en establecimientos informales. Más preocupante resulta que el valor agregado que generan los establecimientos informales es de 3.0 por ciento, mientras que 97 es generado por los establecimientos formales. Al ver el detalle del Censo, es claro que el sector formal es el que capacita más a su personal, proporciona sueldos y salarios más elevados, obtiene financiamiento y tiene mayor productividad y prestaciones sociales, mientras que es frecuente que el informal con frecuencia ni siquiera paga salarios a sus trabajadores.
Resulta claro que un problema que tiene la economía nacional es la carencia de suficientes empresas formales que proporcionen los empleos que requiere la población del país. Al preguntarle a las empresas cuáles eran los principales problemas que enfrentan, manifestaron que son la inseguridad pública (43 por ciento), los altos gastos por servicios como luz, agua y telefonía (29 por ciento), los altos impuestos (28 por ciento), el exceso de trámites gubernamentales (18 por ciento) y la competencia desleal (18 por ciento). Al revisar cada uno de estos conceptos es claro que todos son derivados de una deficiente administración pública, es decir de los distintos niveles del gobierno ya sean estatales, municipales, federal o de los congresos locales y el federal, así como de la administración de justicia.
Limitantes importantes para las empresas son aquellas que elevan sus costos de producción, lo cual les impide competir con productores del exterior. En este escenario la gran mayoría de los establecimientos sólo pueden sobrevivir si pagan bajos sueldos y salarios o si evaden el pago de los impuestos, como hacen los establecimientos informales.
En el actual entorno se podrían realizar diversas reformas que permitan la transformación de las empresas, para que generen los empleos que necesita el país, realicen las inversiones y al aumentar su número pueda elevarse la recaudación fiscal reduciendo las tasas impositivas.
Fuente: El Financiero
