El día de ayer el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial dieron a conocer un Acuerdo para la Reactivación Económica. En el mismo, una vez más, se anunciaron proyectos de inversión en infraestructura que se llevarán a cabo en los siguientes meses para lograr la reactivación de la economía. Indudablemente esto manda una señal de colaboración entre estos dos importantes sectores, pero ya se han publicado este tipo de comunicados con anterioridad, los cuales no se han podido cumplir por diversas razones. Es importante destacar la trascendencia de la inversión del sector privado, ya que la misma representa casi 90 por ciento de la total, mientras que el restante 10 por ciento lo realiza el gobierno. Con frecuencia se piensa que la inversión privada es la realizada por las grandes empresas y corporaciones, pero incluye también la de las pequeñas y medianas empresas, así como la de los particulares.
En la práctica se ha visto que la inversión privada tiende a ser más rentable porque aquellos que la realizan tienden a ser más cuidadosos con sus propios recursos, que los funcionarios públicos que arriesgan los impuestos de los ciudadanos. Sin embargo, para que exista se requiere de la inversión pública, ya que hay aspectos que sólo los pueden proporcionar los gobiernos, como son la infraestructura, la seguridad pública y muchos bienes y servicios más.
Sin embargo, los recursos públicos pueden terminar canalizados a proyectos no siempre rentables ni productivos, con lo que no impactan de manera positiva en el crecimiento del país. Esto se debe a que siempre existen presiones políticas para aprobar proyectos que beneficien a algún partido político o funcionario específico, que los hacen de poca utilidad para la sociedad en su conjunto. Además, el hecho de que diversos proyectos se autoricen de manera discrecional genera un fuerte incentivo para la corrupción, como se ha visto en los últimos años en varios países de Latinoamérica. Para evitar esto, es frecuente que los proyectos de inversión del gobierno sean evaluados por instituciones o entidades autónomas de alto nivel técnico, presididas por consejeros independientes de gran prestigio. Otra manera de evaluar proyectos públicos de mejor manera es por medio de las calificaciones crediticias de las grandes empresas calificadoras, lo cual permite jerarquizar los distintos proyectos. Adicionalmente esta calificación facilita la obtención de créditos a mejores tasas de interés o incluso lograr obtener capital de riesgo.
Aunque este Acuerdo anunciado recientemente es positivo y su monto relevante, es sólo una pequeña fracción del monto total que requiere el país para elevar de manera significativa el crecimiento económico. Se necesita no sólo una lista de proyectos aislados realizados por grandes empresas y los gobiernos, sino adicionalmente que se desarrolle una cultura nacional de incrementar la inversión en el país, como se ha visto en otros países como son China, India e incluso México hace varias décadas, cuando se llegó a tener tasas de crecimiento del PIB superior al 10 por ciento anual.
Una manera en que el sector público podría jerarquizar las prioridades que debe atender para que México pueda lograr tasas de crecimiento más elevadas sería por medio de las diferentes encuestas que se realizan en el país. En varias de ellas se pregunta por qué las empresas no invierten más en el país o cuáles son los principales obstáculos que tienen para realizar su actividad.
En este aspecto destaca la Encuesta de Expectativas que levanta Banco de México de manera mensual entre los especialistas en economía del sector privado. En el aspecto de los principales obstáculos que existen al hacer negocios en México, ocho de los primeros 10 sólo los puede corregir el gobierno, ya sean el federal, los estatales o los municipales. Entre estos obstáculos están el problema del Estado de derecho (que 27 por ciento de los encuestados respondió que le afecta a los negocios), el crimen (24 por ciento de las respuestas), la corrupción (19 por ciento), incumplimiento de contratos (9 por ciento), burocracia (4 por ciento), oferta de infraestructura inadecuada (3 por ciento), falta de competencia (3 por ciento) e impuestos (3 por ciento).
El Estado de derecho es fundamental para la actividad económica porque reduce la incertidumbre y permite tomar las mejores decisiones de inversión para el largo plazo. El cambio frecuente e inesperado de las reglas impide que las empresas puedan tomar correctas decisiones y les impide trabajar.
Fuente: https://elfinanciero.com.mx/opinion/benito-solis/bueno-el-acuerdo-de-reactivacion-pero-insuficiente
