Artículo por: Jesús de los Ríos
En el ahora lejano 2006, cuentan que alguien en la campaña de Felipe Calderón encontró un sitio web llamado el Sendero del Peje, en el cual se dedicaban a atacar al candidato panista con notable aborrecimiento mientras ensalzaban a su competidor López Obrador. La respuesta de los encargados de comunicación de la campaña fue preguntar si dicho sitio web o sus contenidos tenían presencia en algún medio masivo de comunicación. Cuando la respuesta fue negativa dijeron “ah pues entonces no existe, no te preocupes”. Hoy el Sendero del Peje es conocido como SDP Noticias de Federico Arreola y en 2017 vendió el 50% de sus acciones a Televisa.
En las últimas elecciones presidenciales de 2018 el papel de las redes sociales fue vital para la llegada al poder de López Obrador, quien a diferencia de sus adversarios, trabajó e hizo crecer su alcance en medios digitales desde la campaña contra Calderón y de manera mucho más organizada durante el sexenio de Peña Nieto.
Pasamos, en poco más de una década, de creer que los medios digitales eran irrelevantes a un escenario en que tienen más poder que la televisión en los años 90´s, donde el ejemplo más claro de su poder fue cerrar las redes sociales del presidente de Estados Unidos, algo impensable para cualquier canal de televisión. Si estamos de acuerdo o no con esta medida es totalmente irrelevante, lo que importa es que lo pueden hacer.
Hasta antes de la reciente campaña presidencial en Estados Unidos, las redes se habían comportado más como medios de comunicación en los cuáles uno invertía para difundir información o conocer más al mercado, pero ¿qué pasa si las empresas detrás de las redes tienen una agenda política que ejercen controlando la difusión de contenidos?
Esto genera otras muchas preguntas para todos en el sector político-digital, por ejemplo: ¿hasta dónde pueden llegar estas empresas?, ¿pueden censurar mis contenidos?
Hay que considerar que las redes sociales son también un negocio, donde se comercializa con la data y la posibilidad de segmentar publicidad para llegar a los usuarios, por lo que tienen objetivos económicos que cumplir.
También está lo más importante, la credibilidad, la cual se ha visto afectada debido a escándalos como el de “Cambridge Analytica” o a la supuesta influencia de Rusia en la elección de 2016 en EEUU a través del uso de bots y trolls, ocasionando un mayor escrutinio y presión hacia los dueños de las plataformas, incluso con juicios públicos, para buscar controlen mejor los contenidos y su origen. En otras palabras, las empresas detrás de las redes sociales hicieron con Trump y sus seguidores exactamente lo que se les pedía, impedir: la proliferación de los contenidos considerados como fake news.
Es este punto en el que entramos al verdadero fondo del asunto en el que se discute la eterna pregunta “¿qué es la verdad?”, esto porque en el momento en el que alguien dice “esta es mi verdad y mis seguidores lo creen” pasamos a una polarización de posturas en donde la verdad se convierte en un share del mercado y no en algo objetivo y verificable. Este es el problema que genera la frase “yo tengo otros datos” (alternative facts). Los promotores de estas posturas han encontrado dentro de las redes sociales el lugar ideal para incrementar ese share del mercado del que dependen para existir y ser creíbles.
Todo esto y más ocurre en la cancha de las sociales.
La agenda de las empresas de Silicon Valley es tradicionalmente del “ala liberal” en Estados Unidos, lo que no significa que lo sean en México. En días pasados el presidente López Obrador propuso la creación de una red social nacional para evitar “la censura” en clara alusión a lo ocurrido a su contraparte estadounidense.
Pero no todas las redes son de empresas norteamericanas. Hay un nuevo jugador en el tablero de origen chino llamado TikTok que hasta el momento no ha demostrado tener una agenda pero podemos inferir que sus intereses son los del Partido Comunista Chino, incluso hubo un intento de censura por parte de Trump por esta sospecha.
En los hechos, Facebook y Twitter son las plataformas que mayores medidas han tomado, con acciones que van desde impedir el posteo de contenidos, reducir los alcances orgánicos que tienen ciertos perfiles, evitar que se puedan pautar contenidos políticos e incluso cerrar cuentas y perfiles, muchas veces sin una razón clara o posibilidad de apelar la decisión. En el caso específico de Facebook se implementó una regla en la que se exige que para poder pautar contenidos políticos el responsable del perfil se tiene que identificar con documentos oficiales y su nombre aparecerá en el post como responsable de la publicación, esto para evitar la proliferación de perfiles que difunden fake news.
Estas acciones buscan dar una mayor certeza de la veracidad de los contenidos. Sin embargo, el problema es que estas empresas se convierten en juez, parte y la cancha donde toda la acción ocurre.
En las próximas elecciones intermedias las redes tendrán un papel fundamental en la difusión de contenidos sobre los nuevos candidatos, se prevé una guerra entre sus seguidores y detractores, así como ejércitos de bots-trolls tratando de cambiar la percepción de quién va ganando entre el electorado. Lo más probable es que la posición de las grandes empresas de redes sociales sea de hacer valer sus políticas anti fake news y bots, eliminando o limitando cuentas de los diferentes bandos, sin tomar partido por nadie, pero solo podremos saberlo hasta que ese momento llegue.
Se dice que el poder es un gran pastel que se divide en rebanadas entre quienes lo ostentan, las empresas de redes sociales hoy no sólo tienen una rebanada, sino que la han hecho crecer a costa de los pedazos de otros comensales. Los primeros en ver su parte reducirse fueron los medios masivos de comunicación, pero después de todo lo ocurrido estas semanas en Washington es posible que los poderes de los Estados Unidos se den cuenta que su rebanada también está adelgazando.
