Artículo escrito por Ramiro López Aguirre

Una de las principales características que marcará al sexenio de Andrés Manuel López Obrador es el uso extendido de los denominados programas sociales, que en realidad se asemejan más a dádivas con fines electorales.

Por programa social podemos entender cualquier iniciativa cuya finalidad es mejorar las condiciones de vida de la población en general, o de un sector importante del mismo.

Para 2022 el Gobierno Federal destinó a sus programas sociales prácticamente la mitad de los 7 billones de pesos de todo el presupuesto federal, cifra mayor que la que se ejerció en 2021 por el mismo concepto.

Uno esperaría que ese gasto se viera reflejado en mejores condiciones sociales, pero si comparamos el cierre de 2018 con información de los primeros cuatro años de este gobierno, encontraremos cifras bastante reveladoras.

Ahora hay 3.8 millones de pobres más que en 2018 y 2.1 más en pobreza extrema. En 2018 había 20.1 millones de mexicanos sin servicios de salud; ahora la cifra asciende a 35.7 millones. Sumamos 6.9 millones de delitos, 20% más que el sexenio anterior. Además, el PIB tiene una caída de 3.5%; la inflación acumulada cerca del 18% y la deuda neta del Gobierno Federal ha alcanzado los 10.5 billones de pesos.

¿Cómo explicar este contraste?

A mi parecer, hay dos temas clave para considerar que un programa social es exitoso. El primer factor es que exista claridad en lo que se busca mejorar, de esa forma se puede medir si funciona correctamente. Por ejemplo, el programa Prospera que funcionó durante 20 años, y que fue cancelado en este sexenio, consistía en darle dinero en efectivo a personas en pobreza a cambio de que llevaran a sus hijos a la escuela y que la familia fuera a revisiones médicas periódicas. Si se incumplía con ello, se suspendía el programa.

La mayoría de los programas sociales de este gobierno sólo consisten en dar dinero sin ningún objetivo ni meta. No se puede asegurar que el dinero sea usado para mejorar las condiciones de la familia o para gastos superfluos.

En segundo término, un programa social será exitoso en la medida que cada vez menos población sea acreedora a dicho estímulo; lo anterior significaría que las condiciones sociales de la gente han mejorado y, por ende, menos personas necesitan de los programas.

Lo anterior claramente tampoco se ha cumplido. Las cifras previamente citadas así lo demuestran. Aunado a ello, es preocupante que cada vez más gente busca acceder a una mayor cantidad de programas sociales al mismo tiempo, de modo que familias enteras viven 100% del dinero que les da el gobierno sin ser productivos en nada.

Este hecho genera una dependencia total de las dádivas gubernamentales y se traduce en una importante fuerza de coerción electoral, pues, como ya lo hemos visto en elecciones locales recientes, es constante la amenaza del partido oficial de suspender programas sociales si no ganan sus candidatos.

Mientras las cifras oficiales no demuestren una mejoría en el bienestar de la gente, los programas sociales de este gobierno quedarán inscritos como un desperdicio de dinero y una compra indirecta de votos.

bto